La Contraloría General de la República activó una Función de Advertencia al identificar riesgos presupuestales y contractuales que, según la entidad, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del Gobierno Nacional. La decisión se sustenta en un informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.

De acuerdo con el organismo de control, tras levantarse la Ley de Garantías se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. La Contraloría también señaló que más de 11.000 contratos fueron celebrados mediante contratación directa durante las últimas cuatro semanas y advirtió riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.

El informe indica que el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, por lo que advirtió que cualquier decisión relacionada con nuevos compromisos financieros o contractuales debe contar con respaldo presupuestal suficiente y con una capacidad real de ejecución. Asimismo, identificó siete factores de riesgo que requieren seguimiento permanente, entre ellos la planeación financiera de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual.

La Contraloría explicó que esta Función de Advertencia tiene un carácter preventivo, con el propósito de evitar afectaciones al patrimonio público y fortalecer el control fiscal. El documento fue dirigido al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y a los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central, para que adopten medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera y jurídica de las decisiones presupuestales.