Posada aseguró que la decisión representa un avance en materia de control sobre los recursos públicos y cuestionó la forma en que se pretendía ejecutar el traslado presupuestal.

"Querían una feria de contratos", afirmó la congresista al referirse a la iniciativa, señalando que los recursos debían estar sujetos a la vigilancia y al debate del Congreso.

La suspensión provisional deja sin efecto, por el momento, las disposiciones que permitían el traslado de los recursos a la UNGRD mientras el alto tribunal estudia de fondo la demanda presentada.

El caso continúa en análisis judicial y será el alto tribunal el encargado de determinar si los artículos demandados se ajustan o no a la Constitución.