Una investigación publicada por Revista RAYA puso en entredicho el nombramiento de Sandra Carolina Gómez Sánchez como vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella, al asegurar que la designada funcionaria no es abogada, aunque se presenta públicamente con ese título en diferentes plataformas y perfiles profesionales. Según el medio, Gómez estuvo matriculada durante varios años en la Pontificia Universidad Javeriana, pero no obtuvo el grado en Derecho y actualmente figura con estado académico inactivo.

RAYA afirma que consultó registros oficiales del Consejo Superior de la Judicatura, del Ministerio de Educación y de las bases de datos de las pruebas Saber Pro, sin encontrar evidencia de que Gómez cuente con tarjeta profesional de abogado, inscripción en el Registro Nacional de Abogados o convalidación de estudios en el exterior. La investigación también cuestiona una supuesta experiencia laboral en el Ministerio del Interior, al señalar que no encontró registros públicos de una vinculación laboral o contractual durante el periodo que ella habría reportado en su hoja de vida.

El reportaje sostiene además que el cargo de vocera de gobierno no existe actualmente dentro de la estructura administrativa conocida del Ejecutivo y que, según los manuales de funciones del DAPRE, los cargos equivalentes requieren título profesional. De acuerdo con RAYA, si el gobierno de De la Espriella mantiene el nombramiento, podría verse obligado a crear un nuevo cargo o modificar requisitos tradicionales de acceso a funciones de alto nivel, lo que convertiría el caso en uno de los primeros cuestionamientos sobre meritocracia y transparencia del gobierno entrante.

La investigación también menciona señalamientos por presunto acoso laboral relacionados con la etapa de Gómez en Red+ Noticias, derivados de demandas presentadas por extrabajadores del canal. Hasta el cierre de la publicación, según RAYA, Sandra Carolina Gómez no respondió las solicitudes de entrevista ni el cuestionario enviado por el medio, por lo que las acusaciones corresponden a los hallazgos y testimonios recopilados por esa investigación periodística y no constituyen una decisión judicial o administrativa en firme.