La decisión se produce luego de la divulgación de unos audios atribuidos a Eva Ferrer, en los que se hacen señalamientos sobre un supuesto manejo irregular de recursos públicos.

Según los congresistas, solicitarán que las autoridades competentes investiguen el contenido de las grabaciones para determinar si existieron actuaciones que puedan constituir conductas penales. Hasta el momento, el anuncio corresponde a una denuncia y no implica que exista una decisión judicial o una imputación de cargos contra Alcocer.

El caso ha generado reacciones en el escenario político y se espera un pronunciamiento de la defensa de la primera dama y de las autoridades encargadas de evaluar la denuncia.