Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación estableció que el 30 de noviembre de 2015 se firmó un convenio por 723 millones de pesos para el mejoramiento nutricional de niños y la recuperación ambiental del municipio. Sin embargo, durante el proceso se vulneraron principios de la contratación estatal como la legalidad, la planeación, la transparencia, la publicidad y la selección objetiva.
El ente acusador indicó que el convenio fue utilizado para la compra de un inmueble por 560 millones de pesos, adquisición que no estaba contemplada ni justificada en el contrato y que, además, no contó con la aprobación previa del Concejo Municipal.
La Fiscalía también señaló que únicamente 163 millones de pesos fueron destinados a actividades relacionadas con el objeto del convenio y que el expediente contractual carecía de documentos esenciales, como actas de recibo final, liquidación e informes de interventoría.
Por estos mismos hechos fue condenado el contratista José Armando Ulloa Niño, quien recibió una pena de 6 años y 4 meses de prisión.
Funcionarios del CTI capturaron a ambos condenados en el barrio Centro de Ciénaga para hacer efectiva la sentencia, la cual cumplirán en sus lugares de residencia.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.
