equipo de empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo de la Espriella informó que presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República una nueva serie de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción que, según el grupo de trabajo, comprometerían recursos públicos por más de $370.000 millones. Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto, de acuerdo con un comunicado divulgado por la organización.
Entre los casos mencionados figura un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones suscrito entre el Ministerio de Defensa y Codaltec, en el que el equipo de empalme aseguró haber identificado posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un eventual detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y presuntas fallas en la instalación y operación de los equipos. También solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones, al considerar que habría sido adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección relacionado con ese contrato.
El comunicado incluye además un contrato jurídico cercano a $23.000 millones en Cenit, filial de Ecopetrol, sobre el cual el equipo de De la Espriella afirmó haber entregado elementos relacionados con supuestas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias presentadas por el grupo de empalme y deberán ser evaluadas por los organismos de control competentes.
Hasta el momento, las entidades mencionadas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el fondo de las denuncias y no existe una decisión judicial que confirme las irregularidades señaladas por el equipo del presidente electo. Los hechos corresponden a acusaciones en etapa preliminar, por lo que serán las investigaciones que adelanten la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las que determinen si existen responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales derivadas de estos contratos.
