Human Rights Watch (HRW) pidió al presidente Abelardo De La Espriella fortalecer las acciones del Estado para prevenir y combatir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
En un informe titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”, la organización señala que alrededor de 1.500 menores habrían sido reclutados desde 2021, según datos de la Defensoría del Pueblo, y advierte un incremento significativo de los casos desde 2023.
De acuerdo con el documento, las disidencias de las Farc estarían detrás de la mayoría de los casos denunciados. HRW también alerta sobre el creciente uso de plataformas digitales para captar menores. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 44 % de los niños reclutados en 2025 habrían sido contactados mediante redes como TikTok y Facebook.
Los datos recopilados indican que entre 2020 y 2025 los menores de 15 y 16 años fueron los más afectados. Sin embargo, más del 30 % de los casos correspondieron a niños de entre 10 y 14 años, mientras funcionarios de protección infantil reportaron casos de menores de apenas 9 y 10 años.
El fenómeno afecta especialmente a comunidades indígenas: cerca de cinco de cada diez casos registrados entre 2021 y 2025 correspondieron a menores pertenecientes a estos pueblos. Además, aunque los niños representan la mayoría de las víctimas, HRW advierte que la proporción de niñas reclutadas ha aumentado desde 2021 y que ellas enfrentan un riesgo particular de violencia sexual.
La organización también documentó que los menores son trasladados lejos de sus lugares de origen para dificultar su escape y romper los vínculos con sus familias. Algunos son utilizados en labores de combate y manejo de drones, mientras otros cumplen tareas de apoyo para los grupos armados.
Ante este panorama, HRW pidió al Gobierno fortalecer las políticas de prevención, garantizar recursos suficientes, mejorar la coordinación institucional y reforzar los mecanismos de alerta temprana.
El llamado también fue dirigido al Congreso, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las empresas de redes sociales y gobiernos internacionales, con el propósito de fortalecer la respuesta frente al reclutamiento y proteger a los menores en las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados.
