El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó el inicio de un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, de acuerdo con la Resolución 7 de 2026. La medida establece una fase experimental, controlada, limitada y temporal, cuyo propósito será recopilar evidencia sobre la eficacia del herbicida, su precisión y sus posibles impactos en la salud y el medioambiente.
El piloto tendrá una duración de siete días y un cupo máximo acumulado de 1.000 hectáreas. La zona exacta de intervención permanecerá bajo reserva, según la resolución, con el argumento de proteger al personal y evitar posibles actos de obstrucción. No obstante, reportes de medios nacionales y locales señalan que las operaciones podrían desarrollarse en Putumayo entre el 12 y el 17 de septiembre. La medida, además, no podrá ejecutarse en áreas protegidas ni en territorios de comunidades indígenas o afrodescendientes sin que se cumpla el proceso de consulta previa correspondiente.
La ejecución estará en manos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, mientras que la ANLA realizará seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y, junto con el Instituto Nacional de Salud (INS), evaluará los posibles riesgos ambientales y sanitarios. Antes de iniciar las fumigaciones deberán cumplirse varios requisitos, entre ellos conceptos del INS, actuaciones administrativas de la ANLA, acompañamiento del Ministerio Público, certificaciones del ICA y autorizaciones aeronáuticas, además de protocolos operativos, cartografía y la participación de un evaluador independiente.
La decisión abre nuevamente la discusión sobre los efectos del glufosinato de amonio, un herbicida no selectivo que puede afectar tanto los cultivos ilícitos como la vegetación y cultivos legales ubicados en las zonas de intervención. El texto de la resolución plantea precisamente la necesidad de evaluar científicamente sus riesgos. Entre las preocupaciones señaladas sobre el producto están posibles afectaciones por contacto, impactos sobre organismos acuáticos, insectos y vegetación, así como daños a cultivos diferentes a los que se pretende erradicar.
El movimiento ocurre después de que el Gobierno derogara la resolución que mantenía la prohibición del uso del glifosato para la aspersión aérea. El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado desde su discurso de posesión que buscaría erradicar los cultivos ilícitos mediante diferentes mecanismos y que recurriría a herbicidas de última generación. Sin embargo, el levantamiento de la prohibición del glifosato no significa un regreso automático de las fumigaciones aéreas: deberán cumplirse las condiciones fijadas por la Corte Constitucional, incluyendo un Plan de Manejo Ambiental vigente, consulta previa cuando corresponda, concepto favorable del INS y planes específicos para cada zona de intervención.
