El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y al DAPRE retirar de redes sociales videos en los que aparece el presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres, según conoció Caracol Radio. La decisión se produjo tras una tutela presentada por el congresista Santiago Osorio, quien cuestionó la difusión de estas imágenes desde canales oficiales del Gobierno.

La orden judicial contempla ocultar de la cuenta oficial @infopresidencia en Instagram las publicaciones realizadas el 2 y el 4 de septiembre, relacionadas con las operaciones militares ‘Azarías’, en Miraflores (Guaviare), y ‘Centinela de la Patria’, en La Guajira. En los contenidos aparecen imágenes explícitas de personas fallecidas durante las operaciones, cuya divulgación generó cuestionamientos por la forma en que fueron presentadas públicamente.

En el proceso también fueron vinculados Meta Platforms Inc., la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio TIC y el ICBF. De acuerdo con la decisión, la medida busca proteger el derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 frente a contenidos que puedan generar daño o sufrimiento psicológico a los menores.

El congresista Santiago Osorio calificó la decisión como un llamado de atención al Gobierno y sostuvo que las instituciones estatales no deberían utilizar imágenes de cadáveres como parte de su comunicación pública. También pidió al DAPRE y al presidente cumplir de manera inmediata la orden judicial, argumentando que la exposición de este material podría llegar directamente a los dispositivos de menores de edad en todo el país.

La decisión vuelve a poner bajo escrutinio la estrategia de comunicación del Gobierno de Abelardo de la Espriella alrededor de sus operaciones militares y la manera en que exhibe sus resultados. Mientras el Ejecutivo busca mostrar contundencia frente a las estructuras criminales, el fallo judicial plantea un límite frente a la difusión de imágenes explícitas y pone en el centro del debate hasta dónde puede llegar la comunicación oficial en nombre de la seguridad y la lucha contra el crimen.