La excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en Magdalena, Naylea Barros, denunció haber sido víctima de un atentado con arma de fuego durante la noche del 24 de agosto en Santa Marta. Según su relato, se movilizaba en un vehículo particular junto a su prima cuando, alrededor de las 9:00 de la noche, sujetos desconocidos dispararon contra el automóvil en el sector del puente del Minuto de Dios.
De acuerdo con Barros, tres impactos de bala alcanzaron el vehículo, específicamente el vidrio trasero izquierdo, detrás del asiento que ella había ocupado minutos antes de cambiar de lugar. Tras escuchar las detonaciones y observar los impactos, la excandidata aseguró que continuaron la marcha a alta velocidad y en contravía para alejarse de la zona, mientras solicitaban asistencia de la Policía. Finalmente, se dirigieron hasta una estación de servicio del sector de Primero de Mayo, donde fueron auxiliadas por uniformados.
Barros afirmó además que el ataque estaría precedido por más de tres meses de hostigamientos y mensajes amenazantes recibidos a través de redes sociales y WhatsApp. Según su denuncia, los mensajes provenían de cuentas que posteriormente desaparecían y en algunos casos le exigían abstenerse de participar en actividades políticas y sociales. Tras el atentado, la excandidata publicó imágenes de los daños ocasionados al vehículo y manifestó públicamente: “No me van a callar”.
El hecho generó pronunciamientos de diferentes sectores políticos. El expresidente Gustavo Petro cuestionó públicamente el ataque, mientras el senador Kevin Gómez, también del Pacto Histórico, expresó su solidaridad y recordó la participación de Barros en la actividad política del departamento. La excandidata presidencial Claudia López también manifestó su respaldo y relacionó el atentado con el ambiente de estigmatización y confrontación política que, según señaló, afecta a sectores progresistas.
Por ahora, las circunstancias, los autores y el móvil del ataque no han sido establecidos públicamente. Barros pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva, esclarecer quiénes estuvieron detrás de los disparos y adoptar medidas que permitan garantizar su seguridad y la de su familia. El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si el atentado guarda relación con las amenazas que la excandidata asegura haber recibido previamente.
