La investigación, iniciada en 2023, estableció que la organización captaba principalmente a personas en situación de vulnerabilidad económica y social en Colombia, ofreciéndoles falsas oportunidades de formación académica y prácticas profesionales en España.
Una vez trasladadas a España, las víctimas eran sometidas a un mecanismo de control basado en las deudas generadas por el viaje. Posteriormente eran distribuidas en establecimientos de restauración, principalmente en Tarragona y Madrid, donde eran obligadas a trabajar bajo condiciones de explotación para supuestamente pagar esas deudas.
La investigación se desarrolló en varias fases. En abril de 2024 y julio de 2025 fueron detenidas 22 personas y localizadas las 57 potenciales víctimas. En la fase final, realizada de manera coordinada en España y Colombia, fueron capturados otros integrantes de la estructura: tres en Tarragona y cuatro en Bogotá, mientras se realizaron cuatro registros en la capital colombiana.
Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y la operación Aguazul-Napoleón permitió desmantelar la estructura desde la captación en Colombia hasta la explotación laboral en España.
