La decisión marca un cambio importante en la política de seguridad del país. Hasta ahora, el Gobierno mantenía suspendidos de manera general los permisos de porte, una medida que había sido prorrogada para todo el territorio nacional mediante el Decreto 1482 de 2025. 

Sin embargo, el levantamiento de la suspensión no significa que cualquier ciudadano pueda salir armado. El Gobierno aclaró que continúan vigentes los requisitos legales, los controles y las condiciones establecidos para obtener un permiso de porte. 

La medida responde a uno de los planteamientos que De La Espriella había defendido durante su campaña: modificar las restricciones al porte legal de armas bajo el argumento de fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos frente a la delincuencia.

El mandatario justificó el cambio cuestionando que mientras los delincuentes cuentan con armas, los ciudadanos que cumplen la ley enfrenten restricciones para acceder legalmente a ellas.

¿Qué cambia?

Con el levantamiento de la suspensión general, los permisos para portar armas podrán volver a tramitarse y tener vigencia bajo las condiciones previstas por la legislación colombiana. No obstante, esto no elimina el control estatal ni convierte el porte de armas en un derecho automático para todos los ciudadanos.

La normativa colombiana mantiene reglas sobre la tenencia y el porte de armas, así como facultades para que las autoridades establezcan restricciones específicas cuando existan razones de seguridad. 

El anuncio ya genera debate entre quienes consideran que facilitar el acceso al porte legal puede fortalecer la defensa de los ciudadanos y quienes advierten sobre los riesgos que puede representar una mayor circulación de armas de fuego.

Con esta decisión, el Gobierno de De La Espriella da un giro de fondo a la política nacional sobre el porte de armas, en una de sus primeras decisiones de alto impacto en materia de seguridad.