La propuesta de restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y otras plataformas digitales ha reabierto el debate sobre cómo proteger a niños y adolescentes en internet sin vulnerar sus derechos. La iniciativa plantea establecer una edad mínima para el uso de estos servicios, con el objetivo de reducir la exposición a riesgos como el ciberacoso, el contenido nocivo y el uso excesivo de las  embargo, la medida ha generado posiciones divididas entre especialistas en tecnología, educación y derecho. Mientras algunos consideran que la restricción podría fortalecer la seguridad de los menores y promover un uso más responsable de los entornos digitales, otros advierten que su aplicación sería difícil de controlar, podría afectar derechos fundamentales y no resolvería de fondo los problemas asociados al uso de las plataformas.

Los expertos coinciden en que la protección de los menores requiere una estrategia integral que incluya educación digital, supervisión de las familias, herramientas de control parental y una mayor responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas en la moderación de contenidos y la verificación de edad.

El debate continúa mientras distintos sectores analizan el alcance, la constitucionalidad y la efectividad de una eventual regulación, en un contexto donde el acceso de los menores a internet y las redes sociales sigue creciendo de forma acelerada.