La declaración se produce después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, mencionara posibles operaciones conjuntas entre ambos países, un anuncio cuyo alcance todavía no está definido públicamente.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Feeley pidió analizar el pronunciamiento con cautela y sostuvo que parte de este tipo de anuncios puede corresponder a la estrategia política y comunicativa del Gobierno de Donald Trump. Según el exdiplomático, la expresión utilizada no necesariamente implica que tropas estadounidenses vayan a participar directamente en operaciones dentro de Colombia.
El Congreso, en el centro del debate
Feeley planteó un escenario hipotético en el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella no consiga en el Congreso los votos necesarios para autorizar el ingreso de efectivos estadounidenses al territorio nacional.
El exembajador advirtió que, si el Ejecutivo decidiera permitir ese ingreso pese a no contar con el aval legislativo requerido, podría presentarse una afectación a la soberanía colombiana.
No obstante, Feeley aclaró que se trata de un escenario posible y no de una situación que actualmente se haya concretado.
Alcance de las operaciones conjuntas
De acuerdo con Feeley, el concepto de “operaciones conjuntas” puede abarcar diferentes niveles de cooperación militar. Entre ellos mencionó ejercicios, intercambio de inteligencia, asesoramiento táctico y presencia de personal estadounidense en instalaciones de comando.
El escenario de mayor sensibilidad, explicó, sería la participación directa de soldados estadounidenses en operaciones desarrolladas dentro del territorio colombiano.
La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos históricamente ha incluido entrenamiento, asistencia, intercambio de información y suministro de equipos a las Fuerzas Militares colombianas. Por ahora, el anuncio sobre eventuales operaciones conjuntas no establece públicamente el alcance, número de efectivos ni las condiciones de una posible presencia militar estadounidense en Colombia.
El pronunciamiento mantiene abierto el debate sobre los procedimientos jurídicos y políticos que debería seguir el Gobierno colombiano si una eventual cooperación llegara a implicar el ingreso o participación directa de tropas extranjeras en el país.
